Sicario de caso Meiggs fue liberado por documento oficial… pero Fiscalía asegura que es falso

La excarcelación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio calificado del empresario José Felipe Reyes Ossa —conocido como el “Rey de Meiggs”—, desató una fuerte polémica en el sistema judicial chileno.

El hecho ocurrió tras la recepción por parte de Gendarmería de un documento firmado electrónicamente que ordenaba su libertad inmediata, y cuya autenticidad fue validada por el propio sistema del Poder Judicial.

Según confirmó Gendarmería a Radio Bío Bío, la orden fue recibida a través de los canales regulares y validada mediante el sitio oficial verificadoc.pjud.cl, lo que obligó a la institución a liberar al imputado la tarde del 10 de julio desde el CDP Santiago Sur.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se trató de un documento falso o adulterado, que suplantó la firma de la jueza Irene Rodríguez Chávez.

La contradicción entre la validez del código del documento y la sospecha de falsificación encendió las alertas. La Fiscalía Nacional ordenó una nueva orden de detención contra Ferrer Ramírez, quien permanece prófugo, y abrió una investigación penal para determinar si se trata de una falsificación de instrumento público o una alteración dolosa de los sistemas informáticos del Poder Judicial.

El caso ha cobrado notoriedad no solo por el impacto mediático, sino también por la gravedad del crimen. Reyes Ossa fue asesinado el 19 de junio pasado en Ñuñoa, cuando fue emboscado por al menos tres atacantes armados al salir de un edificio en calle Quirihue. Junto a él, iba un acompañante que logró escapar ileso.

De acuerdo con la Fiscalía ECOH, el crimen fue un homicidio por encargo. Un cercano a la víctima —chileno y con vínculos comerciales— habría solicitado el asesinato a un ciudadano venezolano, quien a su vez contrató a otros tres venezolanos como sicarios.

Se les prometió un pago de $30 millones, de los cuales recibieron poco más de $4 millones antes del ataque.

La formalización se realizó el miércoles 9 de julio, ocasión en que el tribunal decretó prisión preventiva para los tres imputados y fijó 120 días de investigación. Sin embargo, minutos después de finalizada la audiencia, se emitió la supuesta orden de libertad para Ferrer Ramírez, uno de los sicarios. Esa resolución fue la que Gendarmería acató, permitiendo su salida del penal el día siguiente.

La investigación también reveló que los atacantes tenían acceso a información detallada de la víctima: sabían que llegaría desde la Quinta Región a Santiago, conocían el modelo de su vehículo, su horario de llegada e incluso disponían de una fotografía suya.

Estos antecedentes fueron clave para la Fiscalía para acreditar la premeditación y confirmar el delito de homicidio calificado.

Por ahora, la Fiscalía —junto con el OS9 de Carabineros— mantiene operativos para dar con el paradero de Ferrer Ramírez, mientras el Ministerio Público intenta esclarecer cómo se generó y validó un documento judicial que permitió la liberación de un imputado por sicariato, en uno de los casos criminales más sensibles del año.