Pagas por los cortes: cuentas de luz incluyen cobro oculto desde junio para costear indemnizaciones
Desde junio de 2024, las cuentas de luz incluyen un cargo adicional que permite a las empresas eléctricas costear las compensaciones que deben pagar a los usuarios por interrupciones en el suministro.
El mecanismo, revelado por Ciper, aplica un 0,52% sobre el total de la boleta y afecta a cerca de siete millones de clientes residenciales. En la práctica, si una familia paga $100.000 mensuales, $520 van destinados a cubrir futuras indemnizaciones por cortes de luz.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció que 21 de las 26 empresas distribuidoras del país aplican dos cargos —de 0,46% y 0,06%— que no están detallados en las cuentas.
Entre las compañías involucradas están Enel, CGE, Chilquinta y Saesa. Esta decisión se adoptó tras el retraso de 42 meses en el proceso de fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2020-2024, donde originalmente eran las empresas las que debían absorber el costo.
La CNE justificó el cambio argumentando que, de no haberse aplicado este mecanismo, se habría generado una “sobre renta artificial” para las distribuidoras y desincentivos para invertir. S
in embargo, el Panel de Expertos —organismo técnico que vela por la regulación del sector— ya había advertido en 2023 que este tipo de cargos trasladados a los usuarios eran “inadecuados”.
A esto se suma un nuevo cargo que se aplicará próximamente por efecto del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), tras una deuda de US$91 millones acumulada entre julio y agosto de 2024. Esa deuda también será traspasada a los consumidores.
Frente a la polémica, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), presidente de la Comisión de Minería y Energía, anunció una sesión extraordinaria para citar a la CNE y al ministro Diego Pardow.
“Es absolutamente inaceptable que los propios usuarios tengan que pagar compensaciones por responsabilidad de las empresas. Es un abuso”, declaró. El parlamentario exigió la suspensión inmediata del cobro, indicando que afecta gravemente a sectores vulnerables, pymes y la clase media.
Además, criticó los recientes cambios regulatorios impulsados por la CNE, como el aumento del plazo para reparar fallas en zonas rurales —de cuatro a seis horas—, lo que, según expertos, beneficia a las empresas en desmedro de los usuarios.
