Histórica denuncia ante la CIDH: familia acusa a EE.UU. de ejecución extrajudicial tras ataque a bote en el Caribe
La familia del colombiano Alejandro Carranza presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que sería la primera denuncia contra operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. El pescador murió el 15 de septiembre cuando su embarcación fue impactada durante un ataque estadounidense frente a las costas de Colombia.
La petición fue ingresada por el abogado estadounidense Dan Kovalik, quien sostiene que Carranza fue víctima de una ejecución extrajudicial. El jurista afirmó que buscan una reparación para la familia y el fin de este tipo de acciones, señalando que consideran que dichos operativos violan el derecho internacional y la legislación estadounidense.
El documento acusa al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, de ordenar el ataque que terminó con la vida de Carranza y de los demás ocupantes. También sostiene que la conducta de Hegseth fue respaldada por el presidente Donald Trump. El Pentágono derivó las consultas a la oficina presidencial, mientras CNN contactó directamente a la Casa Blanca.
Desde comienzos de septiembre, Estados Unidos ha ejecutado al menos 22 ataques contra embarcaciones que considera vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, acciones que han dejado más de 80 fallecidos. Washington afirma que los objetivos tienen nexos con cárteles que estarían en un conflicto armado con Estados Unidos, y que sus operaciones cumplen con el Derecho de los Conflictos Armados.
Trump sostuvo que el ataque del 15 de septiembre eliminó a tres “narcoterroristas de Venezuela”. Sin embargo, Kovalik asegura que Carranza era pescador de marlín y atún, sin relación con actividades ilícitas. El presidente colombiano Gustavo Petro también afirmó que Carranza era pescador de toda la vida, aunque posteriormente señaló que pudo haber aceptado transportar mercancía prohibida por necesidad económica. Aun así, insistió en que ninguna de sus decisiones justificaba su muerte.
Petro anunció que Kovalik inició una defensa judicial para la familia y planteó la necesidad de una comisión de abogados colombianos para investigar lo que calificó como delitos cometidos en el Caribe. El abogado señaló que la denuncia presentada esta semana es la primera acción formal contra los ataques estadounidenses y que esperan sumar más casos.
La CIDH recordó que las víctimas pueden solicitar ayuda a través de este tipo de peticiones. Si son aceptadas, el organismo puede emitir recomendaciones al Estado señalado para evitar futuras violaciones de derechos humanos, investigar los hechos y reparar daños. CNN contactó a la CIDH, a la familia de Carranza y al Gobierno colombiano para obtener detalles adicionales.
El mismo día en que se presentó la denuncia, la CIDH expresó su preocupación por los operativos estadounidenses. En un comunicado llamó a Washington a garantizar que todas sus acciones de seguridad, dentro y fuera de sus fronteras, respeten las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente las relacionadas con la protección de la vida, el uso de la fuerza y los mecanismos de rendición de cuentas.
Kovalik también representa a Petro desde el 24 de octubre, fecha en que Estados Unidos sancionó al mandatario colombiano acusándolo de participar en el tráfico ilícito de drogas, cargos que él niega.
